De
forma continuada desde 2006 a 2011, la Seguridad Social ha exigido a las mutuas
la devolución de 142 millones por gastos irregulares. UGT denuncia lo que no
funciona: la estructura del sistema de mutuas laborales como entidades
colaboradoras de la Seguridad Social en el sector financiero.
Facturar
sí facturan: viajes, remuneraciones elevadísimas para sus gerentes en algunos
casos con salarios de seis cuantiosas cifras, que están entre los más altos del
sistema español. Esto cuestiona que son entidades sin ánimo de lucro; la
entidad no lo tendrá, pero sus gerentes no parecen compartir personalmente este
criterio.
El
accidente de trabajo tiene una cotización específica que deben pagar los
empresarios, y como sistema regulado tiene unas tarifas específicas en función
del riesgo, exigimos que se garantice la no mercantilización de este sistema.
Por lo tanto, más control y transparencia.
Algo
falla: la seguridad social en 5 años perdió 142 millones, alguna mutua quiere
abonar la deuda sin intereses en 50 años. Aunque es injusto generalizar, máxime
cuando desde la Administración, como hemos visto en otros ámbitos, no siempre
actúa con la diligencia esperada.
Mientras
todo esto ocurre, las mutuas persiguen al trabajador, con una política de
contención del gasto en perjuicio de la salud. Vienen, incluso, cuestionando
los accidentes laborales, sometiendo a interrogatorios indecentes a los
trabajadores y trabajadoras que son víctimas del accidente laboral, indicando
unas cifras de absentismo y accidentes que no se corresponden con la realidad.
Los intereses de las mutuas confrontan con la salud de los trabajadores,
probablemente inducidas por la Seguridad Social, que establece como medida de
eficacia de las mutuas las cuantías en concepto de retorno de cuotas a la
Seguridad Social; órgano de la Administración del Estado que defiende no subir
las cuotas a los empresarios, cuando la cuota es a todas luces insuficiente
para sumir la prestación con garantías por parte de la mutua; es lo que está
ocurriendo en estos momentos con la gestión de las contingencias comunes, en la
que se obliga a la mutuas a tirar de los fondos dotados para accidentes,
empujando a las mutuas a las malas prácticas para su propia supervivencia. En
algunos casos precipitando altas médicas, para reducir el gasto o transfiriendo
directamente la atención a la Seguridad Social.
